Ariel Ariza – Presidente de FAM años 2017/2021. Cumplir una nueva década impone siempre la tentación del balance, pero la memoria institucional es mucho más que un listado de eventos. Con motivo de los 60 años de la FAM, Ariza propone una mirada en perspectiva sobre el período 2017-2021. Lejos del mero recuento, el autor desentraña la arquitectura de una organización de segundo grado diseñada para amortiguar las tensiones de las coyunturas provinciales. Una lectura fundamental para entender cómo se construyeron los consensos federales, el impacto de la gestión digital en pandemia y la articulación de la justicia frente a los conflictos más complejos de los últimos años.
Ariza es un reconocido magistrado y académico rosarino, que actualmente se desempeña como vocal de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial (Sala Primera) del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe en el Distrito Judicial Nro. 2 de Rosario.
Es Profesor Titular de las materias Derecho de los Contratos y Derecho del Consumidor en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Rosario (UNR).
Se desempeña como Co-Director de la Carrera de Doctorado en Derecho en la misma casa de estudios y dicta clases de posgrado en múltiples universidades argentinas.
Ariza mantiene una postura firme e institucional respecto a los procesos de reforma judicial. Su discurso se caracteriza por la defensa del federalismo judicial, la autonomía de las provincias y la necesidad de abrir debates amplios que incluyan a quienes ejercen en los territorios.
Un aniversario que implica alcanzar una nueva década impone una tentación y una advertencia. La tentación es la del inventario, enumerar eventos, iniciativas, actas, personas. La advertencia es la de no confundir la memoria con un listado. En 2026 la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial cumple sesenta años desde aquella tarde de septiembre de 1966 en San Nicolás de los Arroyos -ciudad simbólica en la que los argentinos solemos, cada tanto, firmar acuerdos- dando pie para que ordenemos recuerdos y los rememoremos en perspectiva. En estas líneas se propone una tarea menos abarcativa que una memoria completa y que el mero recuento. Propongo rescatar, del período 2017-2021, que me correspondió presidir, aquello que hoy pueda ser visto como sedimento útil para pensar a FAM y valorizar siempre su constante presente.
Una organización de segundo grado
Conviene recordar, antes de un posible balance, la naturaleza institucional de la Federación. FAM no es una asociación personas sino una organización de segundo grado que nuclea Colegios y Asociaciones de Magistrados y funcionarios de veintitrés provincias y de Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El rico universo personal de asociadas y asociados integra esos Colegios y Asociaciones. Esa arquitectura, a primera vista técnica, es de hecho una tesis, la de que la solidez del sistema judicial argentino se sostiene en diálogo entre sus jurisdicciones y no en la sumatoria fragmentada de sus realidades y voluntades. Lo federal no es solamente una geografía, es un modo de construcción institucional. La distinción define qué se hace en la práctica cotidiana, cómo se decide y desde qué lugar se habla. La Federación es algo más parecido a un tejido que a un edificio. Un tejido tiene trama, urdimbre -tiene provincias y funciones- y esa red le da una flexibilidad ante las coyunturas que un edificio rígido no soportaría. FAM sostiene el hilo de la trama cuando en alguna provincia una coyuntura lo afloja, lo tensa en cambio cuando en otra se estira, para evitar que la trama se abra o se corte.
Continuidad y marco programático
En diciembre de 2017, en el marco de la 103ª Asamblea Ordinaria, asumí la conducción de la Federación, desde y con el apoyo del Colegio de Magistrados y Funcionarios de Santa Fe. El Colegio de Magistrados y Funcionarios santafesino ostenta una larga tradición federativa, fácilmente reconocible en un conocido y eminente ex presidente como lo fue Rafael Gutierrez y en un no menos recordado constructor de FAM como fue el caso de Agustín “Chiche” Bassó. Me correspondió suceder a la presidencia de Víctor Vélez cuyo liderazgo diera lugar a tantos logros, entre los que merece subrayarse el documento del año 2013 “Poder Judicial para una República”, nacido al calor de los malhadados intentos de debilitar la independencia a través de un trazo legislativo que buscó presentarse como democratización de la justicia. Retomar esa tradición programática de 2013 fue una decisión temprana. No se trataba de sumar declaraciones nuevas sino de sostener una forma no tan habitual de generar discusiones sobre las políticas judiciales. Las asociaciones judiciales suelen hablar por comunicados pero en menos ocasiones asumen posturas que aborden la definición más amplia o sistemática de una política o parte de ella. La reelección en la 113ª Asamblea Ordinaria de diciembre de 2019 permitió sostener esa continuidad durante los dos años siguientes, con la novedad -fuera de toda previsión- de la pandemia.
La independencia judicial como política de las justicias
Desde el enfoque descripto se publicaron durante la gestión tres documentos que sigue siendo indicado leer como un conjunto diverso. El primero, Hablemos de Justicia, fue aprobado por la Junta de Gobierno el 2 de marzo de 2018 como definición de agenda. Establecía diez líneas de acción: fortalecimiento incondicional de la independencia judicial –“principal garantía ciudadana”-; ética judicial como cuerpo de experiencias valorativas; perspectiva de género e igualdad como prioridad efectiva; mejora de estructuras y modos de gestión; federalismo real; acceso a justicia; modernización procesal con acento en la oralidad; incorporación tecnológica, jerarquización de la capacitación; comunicación más directa con las ciudadanas y los ciudadanos; asimetrías salariales a reducir y afianzamiento del rol de los secretarios judiciales.
El segundo, Sistemas judiciales, confianza social e independencia judicial, emitido en Mendoza el 29 de marzo de 2019, condensaba en cuatro núcleos una tesis. Las miradas críticas de la justicia en los medios nacionales suelen desconocer que aproximadamente el noventa por ciento de las causas del país se tramita y resuelve en las justicias provinciales. Una parte no puede dar cuenta del todo y corregir esa sesgada lente centralista o metropolitana era una tarea federal incluso antes que meramente gremial.
El tercero, Afianzar las justicias, del 12 de febrero de 2021, elaborado en plena pandemia, retomaba las líneas anteriores y la considerada en el nuevo contexto de tensiones: femicidios y violencia hacia las mujeres, garantías presupuestarias e intangibilidad, eficiencia en la gestión digital, cuidado del funcionariado y carrera judicial. Los tres documentos en conjunto si bien contenían ideas consensuadas también reflejaban un espíritu de indagación en la sociedad, a manera de hipótesis de trabajo. Era necesaria la prueba de la acción conjunta para volver realidad esos postulados.
Coyuntura, conflicto y resguardo institucional
La prueba, como suele suceder, vino desde la realidad o, mejor dicho, desde la coyuntura. Durante 2018 se sucedieron ataques a jueces, fiscales y otros integrantes del sistema en la provincia de Santa Fe, concretamente en Rosario. Acciones identificadas con la criminalidad organizada que no eran acciones aisladas ni episodios individuales. Se trató de un plan sistemático que obligó a FAM a intervenir con rapidez combinando el pronunciamiento inmediato con la promoción de la presencia del entonces presidente de la Federación Latinoamericana de Magistrados -actual presidente de la Unión Internacional de Magistrados UIM- Walter Barone. La lectura era clara. Los ataques contra jueces y funcionarios argentinos era también un problema regional.
El diálogo institucional tuvo un punto relevante en marzo de 2021 cuando se sostuvo en Casa Rosada una reunión con el Presidente de la Nación Alberto Fernández, propiciada, y en conjunto, con la presidenta por entonces de la Junta Federal de Cortes y Superiores Tribunales (Ju.Fe.Jus.), María del Carmen Bataini. La FAM y Ju.Fe.Jus. llevaban una agenda convergente sobre el fortalecimiento de las justicias provinciales, las asimetrías salariales, y la protección de la independencia que resultaba necesario exponer a la autoridad presidencial para exhibir la fuerte impronta provincial del espacio judicial argentino. En ese mismo sentido, la Federación presentó su documento al Consejo Consultivo para el Fortalecimiento del Poder Judicial y del Ministerio Público, creado por decreto de P.E.N. 635/2020 sosteniendo la autarquía presupuestaria y la autonomía financiera como condiciones de la independencia, además de expresarse por la no modificación del número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Encuentros e intercambios en Jornadas
Un capítulo aparte merecen las dos Jornadas Científicas de la Magistratura Argentina organizadas por la Federación en este período. Las XXV Jornadas se realizaron en 2019 en CABA, de manera presencial, con más de ochocientos participantes. La agenda del evento avanzó sobre temas como independencia judicial, género y justicia, ética, reformas procesales, derechos humanos, inteligencia artificial y comunicación, entre otros.
Las XXVI Jornadas -forzadas por la pandemia- suscitaron un cambio inédito al ser emitidas virtualmente por YouTube en 2021, con paneles en directo. Se convirtieron en la oportunidad para que la mayor parte de los y las integrantes de los sistemas judiciales provinciales puedan sumarse, sin tener que afrontar los típicos preparativos de traslados a las sedes físicas de las jornadas presenciales. Fueron igualmente, un nuevo espacio visible y abierto para todos los observadores y actores de la sociedad, interesados en los temas tratados.
Asimetrías y la construcción instrumental de la media nacional
No debe subestimarse el problema que representa para la justicia argentina la existencia de diferencias persistentes entre los ingresos y presupuestos que corresponden a cada sistema judicial provincial. Este enfoque remonta a gestiones anteriores entre las que cabe reconocer un papel preponderante al período presidido por Abel Fleming. En el período 2017 -2021 se dio impulso y continuidad a la referencia de la “media salarial nacional” que pasó a constituir una herramienta discursiva y técnica para lograr que sea tomada como un piso desde el cual las provincias con situaciones desiguales más agudas puedan aspirar a sostener sus recomposiciones. La consolidada aspiración de obtener un Fondo Compensador Estructural y Salarial fue planteada ante el Senado de la Nación y especialmente ante el Consejo Consultivo por entonces creado por el P.E.N. El federalismo, que admite diferencias, no debería posibilitar la erosión de independencia judicial por asimetrías que debiliten la respuesta a la sociedad.
Renovación generacional y participación
Entendimos desde FAM, con el importante aporte de un Secretario de la Federación que bregó sostenidamente en este sentido -Omar López-, que la calidad reflexiva se ponía prueba no sólo preguntándose por los objetivos sino especialmente por quiénes eran llamados a participar en esa construcción. Se aspiró a la participación activa de los segmentos más jóvenes de las asociaciones y colegios provinciales, propiciando su interrelación federal. La actividad de la Comisión Nacional de Secretarios fue variada, realizándose en 2019 el XIII Congreso Nacional del Secretariado Judicial y del Ministerio Público en Ushuaia. Ese proceso alcanzó un nuevo avance institucional mediante la creación de la Dirección Nacional del Secretariado y Funciones Judiciales Afines, con la incorporación de representantes del sector a la estructura de FAM. Se pudo hacer realidad que la institución se renueve al generar espacios para nuevas generaciones e ideas.
Dimensión regional y diálogo con la abogacía
FAM desde siempre mantiene y mantuvo acciones comunes con la Asociación de Magistrados y funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN). Estas acciones permitieron la organización conjunta de una Asamblea de la Federación Latinoamericana de Magistrados en la ciudad de Rosario. Del 29 de abril al 1 de mayo de 2019 se llevó a cabo esta 68ª Asamblea de la FLAM, en Rosario, provincia de Santa Fe, contando con la asistencia de presidentes y presidentas de la Asociaciones de Magistrados de Latinoamérica.
Diversos eventos y situaciones de interés común confirmaron los objetivos comunes que vinculan a la Federación Argentina de Colegios de Abogados con FAM. Posicionamientos, comunicados conjuntos, reuniones, paneles compartidos, eventos de estudio, fueron los diversos modos que encarnaron esta relación fructífera e indispensable para emprender cualquier política judicial.
Comunicación y Propósito de FAM
La comunicación tuvo el aporte de dos personas especialistas en comunicación y con dominio sobre las nuevas herramientas y canales de comunicación, Verónica Luchessi y Julieth Calderón. Se revisó esa tendencia tradicional de que la comunicación discurra por comunicados con apariencia de haber sido diseñados para pares más que para la ciudadanía. Siempre fue un equipo a la altura de las crisis que demandaban respuestas precisas, claras y equilibradas.
Recibimos un importante impulso de la mano de Javier Bajer, “arquitecto cultural”, con quien recorrimos diversos enfoques de la dinámica organizacional. Las acciones diversas, originales, frescas, desembocaron -y a la vez partieron- del reconocimiento del Propósito de FAM, que permitió detenernos en un espacio de mirada hacia adentro institucional, de reperfilar la identidad plural de las provincias en el espacio federativo, para vincularnos y hablar a la sociedad siempre tan aquejada por las dudas o incertidumbres sobre lo que ocurre en los interiores de los edificios judiciales. Fue una desafiante etapa de conversación y asunción decidida de un diálogo ciudadano.
La paz de los mecanismos
Estas ideas matrices de la historia de FAM y de nuestro período de gestión pueden ser resumidas en algunas palabras que tienen ecos republicanos: independencia, división de poderes, garantías constitucionales del estatuto de los jueces y del ministerio público. Conviene añadir, sin embargo, otra posible lectura que complementa esa mirada tradicional. Los sistemas judiciales no sólo custodian la arquitectura constitucional, también sostienen algo más delicado, como lo es la posibilidad de que en una sociedad diversa y compleja se sigan tramitando los desacuerdos en base a razones expuestas al escrutinio de los otros. Esa capacidad, que podría describirse como reflexividad institucional, se cultiva con una tarea de cobertura complementaria al quehacer cotidiano de gestionar procesos. Es un regar cada mañana la plantita de la deliberación en base a razones en el espacio judicial y desde él hacia los demás sectores de la sociedad. La Federación, con su modesto aporte, cultiva esas destrezas necesarias para fortalecer la vida democrática.
Afianzar las justicias
Culmino con esta imagen que ha atravesado estas ideas expresadas. La Federación como tejido judicial de las provincias argentinas. Su fuerza no reside en la rigidez sino en la flexibilidad y la articulación. Los distintos eventos recordados, conversaciones, encuentros, vistos como serie son operaciones de la misma trama, están unidos por un hilo invisible. Esa trama cobra vida cuando cada Colegio y cada Asociación la sostiene desde su lugar. En sus 60 años FAM siempre cuenta con su historia como baluarte, pero varias tareas y requerimientos del tiempo actual la ponen a prueba. Adelante, Marcela Ruiz, en la inacabable labor de afianzar las justicias desde FAM.
